Presupuesto, materiales y acceso a mercados: eso, y no tutela, fue lo que cinco creadores de pueblos originarios le pidieron al Estado el 12 de octubre, fecha que desde 2020 se conmemora como Día de la Nación Pluricultural. El Universal recogió sus testimonios, que coinciden con la discusión del presupuesto federal. En el PEF 2027, es decir, el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, aparece la UCVPII (Unidad de Culturas Vivas, Patrimonio Inmaterial e Interculturalidad), con 221.8 millones de pesos, y Fonart, el Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías, recibe 18.2 % más en términos reales.
Los cinco entrevistados:
Quitar un nombre de la calle es uno de los ingredientes para guisar, pero no tenemos un platillo si los otros elementos no están
- Poeta y cineasta mazahua: Alfredo Guzmán Cayetano, autor de Te encontraré en el bonrro, Mizhokjimi mío (UNAM, 2026).
- Artista visual y cineasta de ascendencia huasteca: Noé Martínez, que estuvo en la Bienal de Venecia de este año.
- Artista escénica de origen jñatrjo y náhuatl: Claudia Marinclán, becaria 2022-2023 de Creadores Escénicos, del Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales (SACPC).
- Poeta y promotor cultural mazahua: Esteban Bartolomé Segundo Romero.
- Christian Ortiz Eleno: lleva 24 años como cartonero, de segunda generación.
Del apoyo institucional, los cinco señalan tres problemas: el utilitarismo, la perpetuación de clichés y el paternalismo.
Qué reclaman
Guzmán Cayetano sostiene que las instituciones encierran la identidad indígena en una única categoría. «Detrás de la palabra indígena hay estereotipos raciales, económicos y culturales muy presentes», dijo al diario. Recordó que México tiene 68 pueblos, cada uno una nación distinta, y que los apoyos se orientan sobre todo a comunidades del sur, mientras se desatiende a los del centro y el norte.
«Hay algo de paternalismo muy fuerte en el gobierno todavía, pensando que necesitamos ser salvados, pero en realidad necesitamos las condiciones para crear, para hacer, para vender, para levantar», dijo. También cuestionó la noción de mestizaje, que a su juicio es una mentira que le conviene al país.
La concentración tiene un correlato censal. Oaxaca, Chiapas, Yucatán y Guerrero suman 50.5 % de los 7,364,645 hablantes de lengua indígena de tres años o más, según el comunicado del INEGI sobre el Censo de Población y Vivienda 2020. Ahora bien, quienes se identifican como indígenas son 23.2 millones de personas (19.4 % del total en ese rango de edad), y de ellas 69.2 % no habla una lengua originaria.
El instituto cuenta 68 lenguas indígenas en uso. Las más habladas:
- náhuatl, 22.4 %;
- maya, 10.5 %;
- tseltal, 8.0 %.
Martínez, por su parte, habló de una distancia entre lo que se dice y lo que se hace. «Estamos a muchos años de que la política pública se refleje con el discurso cultural», afirmó. Describió como «muy incipientes» las políticas actuales y dijo que «después de varios años vamos a saber qué tanto aportan o no». Admitió que el artesano que consigue vender en espacios como Los Pinos u Original a un precio «justo, entre comillas» sale bien librado, aunque eso no asegura, en su opinión, ni el desarrollo ni la continuidad de las artes propias. En cuanto a los gestos simbólicos, no se guardó nada: «Quitar un nombre de la calle es uno de los ingredientes para guisar, pero no tenemos un platillo si los otros elementos no están».
Segundo Romero dijo que los pueblos originarios necesitan presupuesto para investigar y elaborar materiales didácticos para docentes y niños. «Nos falta mucho por hacer, por ejemplo, recuperar nuestra historia, que es netamente oral», dijo.
Visibilidad y folclor
Marinclán vio con buenos ojos la visibilidad para comunidades que necesitaban atención y para preservar costumbres, tradiciones y rituales, aunque advirtió: «Siento que eso también enmarcaba mucho la creación a un sistema cerrado». Según ella, no había manera de romper esa estructura, «como si la población indígena no tuviera miles de formas para desarrollarse y muchos lenguajes». Sobre recuperar las lenguas originarias, dijo que es más que idioma: «Es recuperar una ideología, una cosmovisión, una experiencia de vida».
Ortiz Eleno reconoció el interés de las autoridades por reintegrar las lenguas originarias, pero apuntó que para algunas de ellas los pueblos están mejor «detrás de un aparador». Advirtió además sobre la folclorización: «Muchos pueblos por querer sacar recurso, están intentando regresar a sus raíces, pero desde un punto de vista folclorizado, sin usos y costumbres, sin tradiciones». Y agregó: «La historia es contada por los vencedores, pero el tiempo le da la razón a los vencidos».
El presupuesto 2027, en números
En el proyecto de gasto enviado a la Cámara de Diputados, la Secretaría de Cultura federal recibe 15,858 millones de pesos; en 2026 tuvo 15,082 millones. Es un alza real de 1.9 %, según el análisis de Excélsior. Una de las novedades es la UCVPII, que dirige Diego Prieto, con 221,751,000 pesos.
El diario explica en parte con el Museo Textil de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, que administrará el fondo, el aumento de Fonart: de 139.5 millones a 170.2 millones de pesos. Se trata de un fideicomiso público del Gobierno federal que se define como el organismo rector de la actividad artesanal. Su mandato formal coincide con una demanda de los entrevistados: que se acompañe a los artesanos de la producción a la comercialización.
Otras instituciones salen peor. De acuerdo con el análisis, el INBAL tendría 2.9 % menos en términos reales y el INAH, 2.2 % menos; la Subsecretaría de Desarrollo Cultural pasaría de 692.8 millones a 184.4 millones de pesos. Becas, investigación y materiales son los rubros que piden los creadores, y Excélsior no precisa cuánto de lo asignado a la UCVPII irá a ellos.
Qué dice la ley y qué falta
La Ley Federal de Protección del Patrimonio Cultural de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas está vigente desde enero de 2022. Reconoce la propiedad intelectual colectiva de las comunidades sobre sus conocimientos y expresiones tradicionales, y exige su consentimiento libre, previo e informado para que terceros los usen. Su artículo 74 tipifica la apropiación indebida; el 75 la castiga con dos a ocho años de prisión.
No crea un fondo propio, porque se orienta a proteger el patrimonio de usos indebidos: su segundo transitorio establece que los gastos derivados de aplicarla se paguen con el presupuesto aprobado de las dependencias.
Hasta el 15 de noviembre tiene la Cámara de Diputados para aprobar el PEF 2027, y entonces se sabrá si la UCVPII y el aumento a Fonart mantienen sus montos. Las cifras salen del proyecto del Ejecutivo y pueden cambiar durante la discusión legislativa.
