A partir del jueves 1 de octubre, un embarque de aguacate que no lleve el Certificado Laboral para la Agroexportación no cruza la frontera. El documento lo emite la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y sirve para demostrar que el exportador, junto con todos sus proveedores, desde la huerta hasta la empacadora, tiene a su gente dada de alta en el IMSS.
La presidenta Claudia Sheinbaum dio la noticia en la mañanera del lunes 28 de septiembre. El gobierno calcula que unos 200,000 trabajadores del campo quedarán cubiertos por la medida, según El Economista.
No se puede exportar si no trae su certificado laboral
Sheinbaum fue directa: «No se puede exportar si no trae su certificado laboral», de acuerdo con Vanguardia. Detalló que a muchos jornaleros les pagan según lo que recogen o cosechan. Es un modo de contratación legal, dijo, pero que facilita jornadas de más de ocho horas sin alta en el IMSS, como recogió El Economista.
Las empresas sin trabajadores asegurados no podrán exportar, según lo que Ámbito recogió del anuncio.
Marath Baruch Bolaños López, secretario del Trabajo, presentó el certificado al rendir el informe de labores de su secretaría. Añadió que ya funciona en San Quintín, Baja California, un Centro de Atención Integral para Trabajadores, «porque no puede haber una agroexportación competitiva si no es también una agroexportación con trabajo digno», citó El Heraldo de México.
Otro objetivo que mencionó Bolaños: un certificado de la Semarnat que acredite que la producción no provoca deforestación, apunta El Economista.
Así quiere revisar el gobierno
Todo se gestiona en VELAGRO, plataforma de la STPS inaugurada el 17 de septiembre, que hasta el 30 de septiembre aceptó registros solo de exportadores de aguacate.
Quien lo solicita es solo el exportador. Los productores, cortadores y empacadores se quedan sin trámite, pero deben cumplir al corriente con lo laboral y la seguridad social. Esa primera tanda de certificados tendrá vigencia del 1 de octubre al 7 de noviembre.
El control se reduce a una cuenta. «En el caso del aguacate, cada caja que se exporta, se hace el cálculo de cuántos empleos deben corresponder a esa caja, cada caja, dos empleos, por decir algo», explicó Sheinbaum, según Vanguardia. NotiPress informó que el cálculo partirá de los pedimentos de exportación para estimar qué plantilla tendría que estar formalizada tras cada envío.
Las disposiciones publicadas el 15 de junio en el Diario Oficial piden: e.firma, registro patronal ante el IMSS, RFC, datos de cada participante de la cadena y toneladas por exportar. La STPS responde en cinco días como máximo. Si no lo hace, se considera otorgado.
Lo declarado se compara con información de las autoridades fiscales, el IMSS, la Secretaría de Economía y la Secretaría de Agricultura, según El Economista. Esa publicación advirtió en junio que aún faltaba definir los factores técnicos y cómo se verificaría.
Hubo un giro de fechas. Esas reglas decían que en el piloto de 12 meses carecer del certificado no impediría tramitar el pedimento. Con el cronograma que la STPS publicó en septiembre, desde el 1 de octubre ya es obligatorio.
En ese lapso, hasta el 7 de noviembre, los participantes tienen que capturar datos de productores, huertos y eslabones de la cadena, según El Economista. El régimen permanente tendrá que esperar: la STPS fijó noviembre de 2027, una vez que se incorporen gradualmente el registro patronal del IMSS y los factores técnicos laborales.
Lo que no cuadra en el campo
El aguacate es el primero en someterse al certificado. Datos de 2025: las exportaciones sumaron 3,906 millones de dólares, 87 % a Estados Unidos, y de cada 10 ventas, nueve salieron de Michoacán, de acuerdo con Expansión.
Ya hubo un sobresalto este año: entre el 5 y el 13 de agosto, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos dejó de inspeccionar aguacate en Michoacán por alertas de seguridad contra su personal.
Y ahora, la cuenta del gremio. Según estimaciones del sector que citó Víctor Manuel Mendoza Pantoja, secretario general de la Cocena (central que agrupa a trabajadores de empacadoras), la plantilla pasa de 200,000 personas entre corte, empaque y procesamiento, y apenas unas 57,000 tienen registro ante el IMSS, de acuerdo con El Economista.
Para Mendoza, cruzar bases de datos no basta si nadie inspecciona en campo. Reclamó atención a la subcontratación de cuadrillas de corte y a la simulación salarial que practican sindicatos de protección.
Si se mira todo el país, Expansión reportó estimaciones de autoridades federales: hasta 87 % de las personas ocupadas en el campo trabaja en la informalidad.
La industria responde que las zonas exportadoras salen mejor paradas. Juan Pablo Molina Baranzini, vicepresidente de Productores en la Asociación Nacional de Exportadores de Berries (Aneberries), se apoyó en Expansión en un estudio del Wilson Center Mexico Institute y Jornamex: la formalidad agrícola nacional anda entre 23 % y 25 %, pero en regiones agroexportadoras como San Quintín puede superar 70 %.
La cuenta, en limpio
El certificado sale gratis y se tramita por internet, sin ventanilla, según el compromiso oficial que recogió Expansión. El gasto real está en otra parte: las cuotas obrero-patronales.
Los trabajadores eventuales del campo tienen un decreto de 2007, con cambios del 17 de diciembre de 2025 en el Diario Oficial y vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026. Los patrones reciben estímulos fiscales sobre salarios de registro de hasta 3.60 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), o 4.50 en la zona libre de la frontera norte, según la titular de la Coordinación de Afiliación del IMSS, Carolina Griselda Cisneros Prado.
Al cierre de junio, el esquema reunía a 2,159 patrones y 68,538 eventuales de todo el país; el IMSS tiene 128 promotores dedicados al campo.
Las reglas del decreto, en vigor desde el 8 de agosto, mandan reportar altas y bajas únicamente en la plataforma IDSE y vuelven responsables solidarios a quienes contratan a terceros para la cosecha, dice IDC. Cae en esa categoría quien subcontrata cuadrillas de corte, justo lo que la Cocena quiere ver vigilado.
Revisamos los documentos públicos del programa y no encontramos una cifra oficial del costo total para la industria.
Productores y analistas respaldan el fin, con peros. «La certificación laboral no debe convertirse en una carga administrativa o financiera adicional que recaiga exclusivamente sobre el sector exportador», dijo en marzo Juan Carlos Anaya, director general del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA), a El Economista.
Molina Baranzini, por su lado, advirtió que «el sector agrícola opera en regiones donde muchas veces no hay internet o incluso electricidad».
Lo que viene
Primera fecha de corte: el 7 de noviembre, cuando caducan los certificados iniciales y cierra la carga de datos de huertos y productores.
En 2027 se sumarán las berries a VELAGRO, según las preguntas frecuentes de la STPS reproducidas por TLC Asociados. Por su parte, el decreto de estímulos del IMSS para el campo termina el 31 de diciembre.
MVS Noticias informó que la STPS prevé más de 38,000 inspecciones laborales en 2026, entre todos los sectores.
Y en la revisión del T-MEC, vigilar de verdad los derechos laborales será un punto central de evaluación, según la Cocena. En julio, esa central analizó con la Embajada de Estados Unidos las condiciones laborales en la cadena del aguacate.
