Washington puede seguir enviando migrantes hacia naciones que no son las suyas, y la mayoría acaba en México. Así quedó el martes 29 de septiembre, cuando la Suprema Corte estadounidense dictó una orden que le permite al gobierno de Donald Trump conservar esa práctica mientras los jueces revisan su legalidad.
Las cuentas: entre las 25,000 personas expulsadas así, más de dos docenas de naciones recibieron a alguna, pero según AP, la gran mayoría de ellas terminó en territorio mexicano.
México no ha firmado nada de eso
El texto es corto y no explica nada. Suspende lo que había resuelto un tribunal de menor rango, que detuvo los traslados. NPR cuenta que votaron en contra las tres integrantes liberales del tribunal. En diciembre habrá argumentos orales. La Corte quiere que las partes discutan tres cosas: si un tribunal inferior podía dictar medidas con alcance en todo el país, si la política es legal y si viola el debido proceso o la Convención contra la Tortura.
Murphy, por tercera vez
Ya van tres. En tres ocasiones la Corte ha descartado lo que el juez federal Brian Murphy, de Boston, intentó para frenar estas deportaciones. Su razonamiento: los detenidos no reciben aviso suficiente y eso atropella el debido proceso.
Murphy declaró ilegal, en febrero de 2026, la directiva del Departamento de Seguridad Nacional (DHS). Su orden: avisar por escrito a cada persona, en una lengua que comprenda, hacia qué país iría; preguntarle si le teme a algo en ese lugar; y evaluar su caso cuando responda que sí. El Primer Circuito de la Corte de Apelaciones ratificó el fallo el 19 de septiembre, según Chequeado.
Para el procurador general John Sauer, la política es «una herramienta esencial para expulsar a ciertos extranjeros, incluidos algunos de los peores criminales extranjeros». El 24 de septiembre, cuando pidió la intervención urgente de la Corte, escribió: «Aunque ciertos extranjeros puedan beneficiarse de dilatar su expulsión, la Nación no», según NPR.
NPR consigna también lo que adujo el DHS: los límites del tribunal inferior produjeron una pesadilla logística, con posibles choques diplomáticos y vuelos cancelados.
En la otra trinchera, Trina Realmuto, abogada de quienes demandaron, incluyó en sus escritos golpizas, agresiones sexuales, desapariciones y casos de detención arbitraria y prolongada. «Estos daños no pueden deshacerse», sostuvo, según NPR.
México lleva la mayor parte, y nadie muestra el acuerdo
Chequeado cita The Deportation Project, investigación que contabilizó 25,447 enviados a terceros países del 20 de enero de 2025 al 31 de agosto de 2026. A México fue cerca del 79 %.
Otra medición, la de Third Country Deportation Watch, que impulsan Refugees International y Human Rights First, calcula que unas 20,000 personas no mexicanas fueron trasladadas a México del 20 de enero de 2025 al 15 de agosto de 2026. Parte de cifras del Instituto Nacional de Migración (INM), obtenidas por transparencia hasta junio, y proyecta el resto. El gobierno mexicano no divulga estos números, aunque sí los de connacionales repatriados.
Tampoco se conoce un convenio por escrito. Human Rights Watch dejó constancia en mayo de que ni la Ciudad de México ni Washington han hecho público el acuerdo o entendimiento que ampara estos traslados. Su informe recoge que el Departamento de Justicia, en marzo de 2026, mencionó un «acuerdo vigente (no escrito)» con México; al amparo de ese arreglo, el ICE había deportado en el último año a unos 6,000 cubanos. Más cifras del mismo documento: 12,977 nacionales de terceros países deportados a México de enero de 2025 a marzo de 2026, entre ellos 4,353 cubanos.
La presidenta Claudia Sheinbaum describe la recepción como un acto humanitario. Lo explicó el 24 de junio de 2025: «Se les recibe, se ve si quieren irse a su país de origen. Si es así, se les traslada, y si no, se busca la manera de incorporarlos», de acuerdo con Infobae. Y acerca del llamado tercer país seguro, añadió: «México no ha firmado nada de eso».
Si los afectados son mexicanos, el tono cambia. La titular de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, dijo el 21 de agosto que México acata lo que otras naciones deciden en materia migratoria, «pero que no compartimos que nuestros connacionales sean trasladados a un tercer país antes de llegar a México», informó Forbes. Chequeado cita datos de 2026: de los mexicanos deportados por Estados Unidos, Guatemala recibió a 2,284, Honduras a 365 y Costa Rica a 11.
Del norte al sur, en autobús
La entrega ocurre en la frontera norte. HRW describe que el INM los sube a autobuses, con viajes de dos a tres días, sobre todo rumbo a Tapachula (Chiapas) y Villahermosa (Tabasco); otros van a Palenque y Tenosique. Según la organización, un funcionario mexicano admitió que la meta es dificultar el regreso al norte. Cuando salen reciben un permiso de unos 10 días para regularizarse y se les recomienda pedir refugio en la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar).
Dinero: según un análisis del Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI), el proyecto de presupuesto 2026 da a la Comar 109 millones de pesos, cuando en 2025 eran poco más de 47 millones. El INM pasa de 1,700 millones a 1,961 millones. HRW señala que, en 2023, el aporte de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) superó por más del doble lo que el gobierno federal le destinó a la Comar. Por su parte, Estados Unidos dio a ACNUR México 46 millones de dólares en 2023, luego 50 millones en 2024 y apenas 8 millones en 2025, según HRW. La organización documenta retrasos largos en los trámites, aunque la ley da 30 días hábiles para iniciarlos.
Un reporte del 26 de agosto de WOLA, la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, señala que los centros levantados en la frontera norte para recibir a mexicanos deportados están casi vacíos desde que, en abril, Estados Unidos comenzó a mandarlos por aire al interior del país. Con los extranjeros de terceros países ocurre lo contrario: el destino es el sur. En Tapachula, indica el informe, el INM los retiene en la estación Siglo XXI. No existen para ellos vías reales de regularización, y durante ese plazo no pueden salir de Chiapas.
Lo que viene
Hasta que la Corte oiga los argumentos de diciembre y emita su sentencia, estas deportaciones seguirán sin las salvaguardas que Murphy había fijado. En paralelo, Chequeado cita documentos internos revisados por The Washington Post: hasta finales de junio, el gobierno de Trump había destinado unos 410 millones de dólares a acuerdos con 31 países, entre ellos Panamá, Costa Rica, Guatemala y Honduras. Los términos bajo los que México recibe a extranjeros de otras nacionalidades siguen sin publicarse.
