Doce personas murieron en menos de 24 horas dentro de El Castillo, el centro penitenciario de Mazatlán. Una era un niño de dos años. El jueves 8 de octubre entró de visita y ya no salió: lo mató un enfrentamiento armado. Al día siguiente hubo otra riña.
Pasaron dos días y la respuesta del gobierno federal fue prometer una cárcel de la que no se sabe cuánto costará, cuándo estará lista, cuántos internos cabrán ni dónde se construirá. Un edificio por venir deja intacta la cuestión de hoy: quién permitió que entraran armas a un penal del Estado y qué custodios y mandos van a responder.
el resto de la población penitenciaria se encuentra bien
Lo que se sabe
Sobre el primer enfrentamiento, Publimetro contabiliza diez muertos (nueve internos y el niño, que estaba con su familia) y 16 heridos. Una segunda riña, la mañana del viernes 9 en uno de los módulos, mató a dos internos.
El primer parte de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Sinaloa describe a un grupo de hombres con armas de fuego de grueso calibre que «ingresó de manera violenta al penal», según Grupo Animal. Esa versión inicial hablaba de diez internos y una visita muertos; después la cifra se ajustó a nueve internos y el niño. Quien investiga es la Fiscalía General del Estado.
La SSP afirmó en el mismo parte que el centro estaba «bajo control». Publimetro reproduce otra frase suya: «el resto de la población penitenciaria se encuentra bien». Quería calmar a las familias y terminó fijando un estándar que no se puede aceptar, el de una cárcel que se considera controlada aunque cuente una decena de muertos. Un día más tarde murieron dos personas más.
Una pregunta que nadie ha contestado
Las armas no se materializan en un módulo. Entraron por los controles de la entrada, con sus revisiones y sus registros, o alguien con llaves, turno y firma las dejó pasar. Y si fue un comando que forzó el acceso, como sugiere el reporte inicial, el problema es el mismo con otra cara: cómo llegó un grupo armado hasta los internos de un penal estatal sin que nadie lo frenara en la puerta.
Sea cual sea la hipótesis, hay responsables con nombre y cargo en el sistema penitenciario sinaloense. Al 12 de octubre, ninguna de las fuentes que Tiempo revisó informa de un solo funcionario suspendido o señalado por la Fiscalía.
Tampoco sería el primer episodio. Según la misma nota de Grupo Animal, el 26 de junio de 2025 una riña en el penal de Aguaruto, en Culiacán, dejó un muerto y tres heridos.
La cárcel prometida
El 10 de octubre, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, publicó en X un mensaje en el que, por instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum, anunció que Sinaloa tendrá un centro penitenciario construido por el gobierno federal con recursos federales: «moderno, seguro y con la infraestructura necesaria para fortalecer el control penitenciario», según Expansión Política. Faltaron la cifra, la fecha, la capacidad y el terreno.
Entre tanto, El Castillo recibe refuerzo de la Guardia Nacional y de personal del órgano federal de Prevención y Readaptación Social. Desde el sábado 10, y también el domingo 11, hubo visitas familiares otra vez.
Hay que reconocerle un buen argumento al anuncio. En teoría, un penal federal tiene accesos más vigilados y un personal menos expuesto a la presión de las organizaciones criminales locales, y mandar ahí a los internos más peligrosos podría romper la conexión entre la calle y el módulo. También es verdad que la Fiscalía apenas cumple cuatro días en el caso, y pedir culpables ya mismo es una invitación a fabricarlos.
Pero eso no excusa el silencio sobre el jueves. Sin presupuesto ni calendario, un penal no puede evaluarse ni fiscalizarse, y el anuncio mueve el debate de lo que falló hace cuatro días a un futuro sin fecha. Una investigación penal puede llevar meses. Explicar quién estaba de guardia, por qué puerta entraron las armas y qué medidas administrativas recayeron sobre los responsables de la custodia no depende de ninguna sentencia.
Sinaloa, ese mismo fin de semana
Mientras tanto, el estado sigue en la guerra entre Los Chapitos y Los Mayitos, facciones del Cártel de Sinaloa, que empezó el 9 de septiembre de 2024 (el desglose, en Expansión Política). El domingo 11 balearon en el centro de Escuinapa a José Francisco López Bribiesca, coordinador municipal de Protección Civil. Horas antes del ataque había recorrido con el alcalde Víctor Díaz Simental las comunidades de Teacapán, Isla del Bosque y Dámaso Murúa para supervisar zonas de riesgo, según Milenio. Nadie ha sido detenido.
Con cifras del Gabinete de Seguridad, Latinus sumó 140 homicidios en el país del viernes 9 al domingo 11. En Sinaloa hubo diez el viernes y diez el domingo, y eso lo puso al frente de la lista ambos días. Los 57 asesinatos del domingo son la cifra más alta para un solo día desde el 12 de julio.
Lo que exigimos
Los familiares del niño entraron confiando en que el Estado controlaba la entrada. Tienen derecho a saber quién la dejó abierta. Tiempo pide cuatro cosas concretas:
- A la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, un informe en 30 días sobre cómo ingresaron las armas a El Castillo, por qué acceso y en qué turno, y sobre si algún custodio o directivo está bajo investigación.
- A la SSP estatal, que transparente quiénes integraban la cadena de mando del penal el 8 de octubre y que aparte del cargo, mientras dure la indagatoria, a quienes tenían a su cargo la aduana y los módulos donde hubo disparos.
- A la Secretaría de Seguridad federal, un documento donde el penal prometido tenga monto, ubicación, capacidad y fecha de apertura.
- A la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Sinaloa, una queja de oficio por la muerte de un niño dentro de una instalación del Estado.
El penal federal, entre tanto, sigue sin monto, plazo, capacidad ni ubicación.
