Otra vez lo dijo Donald Trump: «Estoy pensando que quizá no podamos llegar a un acuerdo, preferiría no tener el T-MEC», según Aristegui Noticias. Y aun así la frase es lo de menos. Lo que más pesa es la forma que ya tomó la revisión de este 2026: cada socio negocia por separado y el tratado queda sujeto a examen cada año.
Nuestra postura: antes de aceptar esa mecánica, México debería tener un mandato público del Senado, con metas que se puedan medir y una lista de lo que el gobierno estaría dispuesto a conceder.
no pueden quedarse en reserva tres cosas: lo que el país busca, lo que acepta poner sobre la mesa y la manera de medir si lo consiguió
Qué se movió en la revisión
Desde el 1 de julio de 2020, cuando el T-MEC entró en vigor, estaba prevista una revisión conjunta a los seis años. México y Canadá pidieron extenderlo otros 16 años. Estados Unidos se negó y ofreció mantenerlo diez años, con una revisión cada año hasta 2036, según esa misma nota. También decidió tratar con cada país por separado. Claudia Sheinbaum, presidenta, lo admitió: «por el momento lo que decidió Estados Unidos es negociar por aparte Canadá y México; nosotros tenemos conversaciones, todavía no llegamos a acuerdos».
Este lunes, en su conferencia matutina, la presidenta le contestó a Trump que concluir la revisión no es acabar con el tratado, porque se trata de una ley que votaron los congresos de los tres países. Mencionó «avances significativos» en el diálogo con Washington, algo que reseñó Uno TV.
Lo que dice Sheinbaum y hasta dónde llega
En lo formal, Sheinbaum tiene razón: mientras ninguna parte lo denuncie, el tratado sigue en pie. Sin embargo, el propio texto, en su artículo 34.6, deja a cada uno de los tres países salirse con un aviso escrito de seis meses. Estar vigente en el papel protege poco cuando la otra parte dice en público que preferiría no tener el acuerdo.
Las revisiones anuales hacen daño aunque el tratado no termine. Las plantas automotrices y las acerías se piensan para diez o veinte años. Con una negociación que se reabre cada doce meses, en cada vuelta pueden llegar exigencias nuevas, y la incertidumbre nunca se va. Es como rentar un local sin saber, cada año, si te lo van a renovar.
Quien busca presionar encuentra ahí una palanca.
Dos mesas, una sola contraparte
Por diseño, el T-MEC funciona como bloque regional. Sus reglas de origen se calculan sobre lo que producen los tres países, y la más conocida es el 75 % de contenido regional para los autos. Llevarlo a dos mesas rompe esa lógica y quita un contrapeso que México tenía: ir de la mano con Canadá a favor de una extensión de 16 años. Con mesas separadas, lo que conceda uno de los socios le sirve a Washington como presión sobre el otro.
El segundo problema viene de la agenda. Con fecha del 9 de octubre, Sheinbaum planteó como argumento comercial una baja de 75 % en la incautación de fentanilo en Estados Unidos y una disminución de 98 % en el cruce de personas por la frontera. El objetivo es que se reduzcan los aranceles a autos y acero. México busca asimismo bajar los de aluminio y que no se impongan nuevos mientras la revisión siga.
Meter los resultados de migración y seguridad al terreno comercial quizá ayude a corto plazo, pero los transforma en fichas de intercambio. Si las revisiones son anuales, esas fichas se exigirán cada vez, y el Senado debería conocer cuánto se ha ofrecido y a cambio de qué.
La mejor objeción
Negociar exige guardar cartas, y quien muestra sus líneas rojas queda débil. Además, por la vía bilateral México tal vez obtendría alivios por sector con más rapidez que en una mesa trilateral que no avanza. Es un argumento serio, y lo tomamos en serio. Pero mezcla táctica con objetivos.
Que el negociador guarde en reserva cuánto cederá en cada punto es razonable. En cambio, no pueden quedarse en reserva tres cosas: lo que el país busca, lo que acepta poner sobre la mesa y la manera de medir si lo consiguió.
Ese dilema tiene respuesta legal desde 2004. La Ley sobre la Aprobación de Tratados Internacionales en Materia Económica obliga al Senado a pedir un informe cada vez que empieza un periodo ordinario. Ese informe debe contener «las razones para negociar así como las consecuencias de no hacerlo», los beneficios esperados y un programa de la negociación con calendario.
La ley deja armar una subcomisión plural de seguimiento, impone informes periódicos y autoriza a las comisiones a llamar a comparecer a los funcionarios. Ciudadanos, empresas y sindicatos, añade, pueden expresar su opinión ante el Senado, y esas comunicaciones serán públicas a menos que una disposición legal diga lo contrario.
Lo que pedimos
Hay cuatro cosas que el Senado puede hacer ya, dentro de este periodo de sesiones:
- Pedirle a la Secretaría de Economía el informe que contempla la ley sobre la revisión del T-MEC, con objetivos concretos: el nivel de arancel que México busca para autos, acero y aluminio, y el plazo para lograrlo.
- Instalar la subcomisión plural de seguimiento y abrir un calendario de comparecencias públicas.
- Preguntar al Ejecutivo cuál es su estrategia ante las revisiones anuales y si volverá a buscar la extensión de 16 años; también, solicitar un inventario de los compromisos de migración y seguridad ya puestos sobre la mesa.
- Votar un punto de acuerdo con lo que el Senado juzga innegociable.
Con estas reglas, los intereses de México no corren riesgo. Lo arriesgado es llegar a diez años de revisiones anuales sin que el Senado ni la ciudadanía sepan qué se negocia en cada una.
Por ahora, según Sheinbaum, no hay acuerdos con Estados Unidos, y bajo el esquema que plantea Washington serían diez años de revisiones anuales, hasta 2036.
